Investigar lo que el Estado no investiga. Bajo ese objetivo fue creada la plataforma multimodal Ecuador Observatorio de Prisiones, que espera aporta datos claros de la realidad carcelaria del país.
“Esta es una iniciativa de la sociedad civil, de la academia y de las organizaciones de los Derechos Humanos para producir información que el Estado no tiene o no quiere compartir”, dice Jorge Núñez, cofundador de Kaleidos.
Kaleidos es un centro de investigación etnográfica de la Universidad de Cuenca, que se ha unido al Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil) y al John Jay College of Criminal Justice de New York (Estados Unidos) para lanzar la plataforma.
El análisis de las organizaciones que son parte del observatorio apunta a las condiciones de vida dentro de las cárceles ecuatorianas, sumergidas en una espiral de violencia que ha ido en aumento desde el 2019. Desde ese año se han reportado 563 muertes en el sistema penitenciario.
Acceso a salud, justicia, indagar más en la causa de la masacres dentro de las prisiones y el impacto de la extorsiones en las familias de las personas privadas de la libertad son algunos de sus ejes de estudio, a través de encuestas y entrevistas. “Es una auditoría social para visibilizar los problemas en las cárceles”, recalca Núñez.
La última semana ha estado marcada por hechos violentos en las cárceles de Guayaquil. Desde el miércoles y por tres días seguidos ocurrieron crímenes dentro y fuera de los recintos penitenciarios. 18 personas privadas de la libertad y tres guías penitenciarias fueron asesinadas.
Años de hacinamiento
El hacinamiento en el sistema carcelario no es reciente. Según un informe de Kaleidos, parte del Observatorio de Prisiones de Ecuador, el problema comenzó en la década de los 90 con la implementación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador o Ley 108.
El panorama, en esa época, fue similar en América Latina. El estudio de Kaleidos recurre a datos del World Prison Brief, que revelan un aumento del 120% en la población penitenciaria de la región entre los años 2000 y 2018.
En el 2014 Ecuador entró en una reforma al sistema penitenciario, que incluyó la construcción de mega cárceles como una solución al hacinamiento. “Sin embargo, simultáneamente y de forma contradictoria, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) endureció, alargó e incrementó las penas y el uso de la prisión preventiva”, cita el estudio.
En el 2014 se reportaban 25 900 internos. Según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), hasta marzo del 2023 el sistema registró 31 260 personas en los 36 centros del Ecuador. Pero su capacidad es de 27 781; hay un hacinamiento del 12,92%.
Ecos de las masacres
Isabel aún conserva los audios de su hijo. No ha podido borrarlos desde esa noche del 12 de noviembre del 2021, cuando los envió desde el pabellón Transitorio 2 en la Penitenciaría del Litoral.
“Me llamó a las 19:00 para decirme que había una guerra. A las 21:00 empezaron a llegar los mensajes: ‘lanzaron una granada’, ‘se están metiendo por el techo’, ‘están tumbando las paredes con combos’, ‘dile a los militares que vengan’, me decía”.
El último llegó a las 23:03; después nunca más lo escuchó. Isabel cuenta su testimonio mirando fijamente a la cámara. Son 40 minutos de un diálogo estremecedor, en el que reclama la inacción del Estado frente a las masacres carcelarias en Ecuador.
Luto y secuelas
Los videos colgados en la plataforma del Observatorio de Prisiones revelan que las huellas para las familias de los asesinados dentro de las cárceles no se cierran. Álex perdió a su hermano el 28 de septiembre del 2021 y su familia aún sigue de luto.
“Siempre que había estas masacres mi hermano nos llama después de tres días para decirnos que estaba bien. Confiábamos en que esa vez también nos llamaría…”.
Cuando la llamada no llegó empezaron a recorrer los hospitales. Álex recuerda que en esos días se vio envuelto en trámites burocráticos que solo ahondaron el dolor. Esa ruta tortuosa lo llevó la morgue donde, luego de días, una prueba de ADN coincidió con un cuerpo irreconocible y en avanzado estado de descomposición.
La plataforma se ha propuesto asumir el rol que el Estado no cubrió, al dar soporte sicológico a unas 40 familias marcadas por las masacres en las cárceles. Es un acompañamiento más extendido, en trabajo social y apoyo espiritual.
Revelar la realidad
Ana pensó en suicidarse. Por seis meses la depresión la aferró a una cama tras la muerte de su hijo dentro de la Penitenciaría del Litoral.
Su historia estuvo marcada por la atroz extorsión, que la despojó de todos sus bienes por tratar de mantener con vida a su hijo. A él le atribuyeron una deuda que no le pertenecía y que lo puso al borde de la muerte.
Pero adentro, dice Ana, se paga por todo: USD 400 por seguridad, USD 60 por un pollo, USD 20 por una cubeta de huevos… Y el acceso a derechos, como la salud, es casi imposible. Su hijo lo sufrió al no recibir atención oportuna por un cuadro de tuberculosis. Falleció 25 días antes de cumplir su sentencia.
Cuando se levantó quiso seguir su legado: ayudar a otros. Por eso ahora lidera el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, una organización creada con el apoyo del CDH Guayaquil para reclamar por la vulneración de derechos y proponer cambios profundos al sistema.
“Queremos que genera una segunda oportunidad dentro de las cárceles, que puedan seguir viviendo -dice Ana-. Por eso luchamos por auto educarnos en derechos para poder exigirlos”.
Buscando cifras reales
Obtener cifras de las cárceles de Ecuador no es fácil. Desde Kaleidos las han solicitado, por ejemplo, sobre acceso a salud, y más allá de atenciones no han recibido datos específicos, como la incidencia de enfermedades crónicas o problemas de salud mental.
“Uno de los grandes problemas del sistema es que no tiene capacidades en salud pública”, asegura Jorge Núñez. Eso, dice, se demuestra en el escaso personal sanitario y en las dificultades que tienen para trabajar en medio de un ambiente de violencia.
Para Núñez el origen de esa violencia está en las malas intervenciones estatales y decisiones de seguridad. Por eso la plataforma se propuesto exponer la dinámica dentro de las prisiones, marcada por el dominio de bandas; los acuerdos que se entretejen y alcanzar la reparación integral de los daños.
“Como observatorio queremos un investigación independiente de las masacres y del rol del Estado en el trabajo que hicieron con las bandas -dice Núñez-. La herida está abierta porque las masacres siguen, y ya no solo dentro de la cárcel”.
Fuente: El Comercio
