Se ahonda el enredo legal provocado por la acción de protección que ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) crear una veeduría que revise la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-t), que fue creado en la consulta popular del 2018 y estuvo presidido por Julio César Trujillo.
Tras el anuncio de la conformación de la veeduría, la noche del lunes 4 de septiembre, la Corte Constitucional (CC) dio un lapso de 24 horas para que el actual CPCCS entregue información a la fiscal general Diana Salazar y al juez de Manabí Patricio Quimís (que concedió la acción de protección solicitada por la ciudadana Betty Moreira Marcillo).
Mientras transcurre ese plazo, la tarde del martes 5 el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por Alembert Vera, anunció que solicitará a la Corte que dicte jurisprudencia vinculante sobre la presunta contradicción entre el cumplimiento de la sentencia constitucional —emitida por el juez de Manabí— y el dictamen interpretativo n.º 2-19-IC/19, en el cual la Corte resolvió sobre las decisiones del Consejo transitorio.
En mayo de 2019, la Corte emitió el dictamen interpretativo n.º 2-19-IC/19, en el que los jueces constitucionales ‘blindaron’ las decisiones que tomó el CPCCS-t en el marco de la evaluación y designación de las principales autoridades de control del Estado, con base en el pronunciamiento popular del plebiscito de 2018.
Ahora, con el enredo por la veeduría, la Corte pidió al CPCCS un informe sobre los actos que han sido y/o que se prevé serán ejecutados por ese organismo para asegurar el cumplimiento del dictamen interpretativo, a la luz de lo ordenado por el juez Quimís. Así también, solicita un informe sobre todas las actuaciones de carácter administrativo (actas, resoluciones, etc.) adoptadas por el CPCCS para la conformación de la veeduría ciudadana ordenada por ese juez de instancia.
A la Fiscalía se le requirió informes y expedientes para verificar el cumplimiento del dictamen de 2019. La fiscal Salazar además deberá entregar un informe individualizado con sus correspondientes documentos de respaldo, respecto a las acciones y/u omisiones específicas que, en su consideración, podrían haber inobservado lo resuelto por el pleno de la CC en su dictamen interpretativo, así como de la designación del fiscal general del Estado subrogante.
Y al juez de Montecristi la Corte le solicitó copias del expediente completo del proceso de acción de protección iniciado por Marcillo Moreira, así como un informe del estado procesal actual en el que se encuentra la causa.
La situación ha derivado en que la vicepresidenta del CPCCS, Nicole Bonifaz, reclamó al presidente del organismo, Alembert Vera, por la convocatoria para conformar la veeduría ciudadana sin antes haber informado a los demás integrantes del pleno del Consejo de Participación.
Además, los vocales Mishelle Calvache y Andrés Fantoni se desmarcaron de la actuación de Vera. “Nos deslindamos y apartamos de cualquier tipo de actuación o criterio que se realice con el objetivo de intervenir y/o decidir sobre otras instituciones”, expresaron los consejeros en un comunicado.
Fuente: El Universo
