Noboa quiere concesionar aeropuerto de Manta y Puerto de Esmeraldas

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El Gobierno dará prioridad a 10 proyectos de asociaciones público-privadas,por un monto de inversión cercano a los USD 3.000 millones.

La delegación administrativa al sector privado del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, de Manta, y del Puerto de Esmeraldas forman parte de los 10 proyectos de asociaciones público-privadas que está priorizando el Gobierno, a través de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas.

Además de estos proyectos, la cartera inicial abarca ocho proyectos viales, por un monto de USD 2.882 millones. Entre ellos, el Viaducto Sur Guayaquil, el más costoso de todos, por USD 725 millones.

De los 10, los proyectos con mayor avance y que podrían lanzarse a concurso en el último trimestre del año son los de las vías Manta-Quevedo y Pifo-Y de Baeza, detalló Pablo Cevallos, secretario de Asociaciones Público-Privadas, en entrevista con PRIMICIAS.

Usted ha hablado de una inversión de USD 3.000 millones en proyectos de asociaciones público-privadas. ¿Cuántos proyectos abarcaría esa inversión?

La cartera inicial es de 10 proyectos. La Secretaría de Inversiones Público-Privadas va a estructurar los proyectos, es decir, contratar los estudios y armar los proyectos para que puedan lanzarse a concurso.

Bajo la nueva ley, las entidades de Gobierno deben presentar los proyectos a la Secretaría. El Comité de Asociaciones Público-Privadas los aprueba y, luego, la Secretaría inicia los procesos de estructuración.

Hay proyectos que van a requerir cierto aporte del Estado. Pero en estos iniciales estamos priorizando aquellos que no requieren aporte estatal por la evidente situación de crisis fiscal.

¿Cuáles son los 10 proyectos priorizados y en qué sectores están?

Los 10 proyectos iniciales abarcan ocho proyectos viales, uno portuario, que es el Puerto de Esmeraldas, y uno aeroportuario, el aeropuerto de Manta (Internacional Eloy Alfaro).

¿Cuál es el plan previsto para el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, de Manta?

Las asociaciones público-privadas no solo tienen como objetivo construir la infraestructura, sino también operarla y mantenerla. Estimamos que en el aeropuerto de Manta, el inversionista se dedique a mantener el aeropuerto, prestar los servicios y mantenerlo con el estándar que las normas internacionales de aviación exige.

Lo primero es comenzar con la operación inmediata del aeropuerto y ponerlo a punto con estándares internacionales.

La idea es que, cuando los pasajeros lo requieran, se pueda planificar y financiar la ampliación de la terminal y demás obras. Aún no está definido el monto de inversión.

Estamos trabajando de la mano con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Alcaldía para sacar adelante el proyecto.

¿Qué está previsto para el Puerto de Esmeraldas?

El Puerto de Esmeraldas requiere dos obras principales:

  1. La ampliación del muelle.
  2. El dragado del área de atraque, es decir, profundizar el fondo marino para que lleguen barcos de más calado.

Además, necesitamos un estudio que determine una planificación de largo plazo para el puerto, porque en el norte del país hay proyectos mineros y el objetivo es que esos minerales salgan por el Puerto de Esmeraldas.

Este es el único puerto público del país que no tiene un operador privado. La idea es que pase a una administración privada que desarrolle estas obras y opere el puerto.

Existe mucho interés internacional por las obras de infraestructura portuaria en el país.

¿Para cuándo está previsto que se lancen a concursos de estos 10 proyectos?

Los proyectos de las vías Manta-Quevedo y Pifo-Y de Baeza ya tienen los estudios de prefactibilidad avanzados para inversión público-privada. Estamos esperando que el Banco Mundial los entregue en los próximos días. Estimamos que saldrán a concurso en el último trimestre del año.

Con el resto de proyectos, estamos desarrollando una estrategia para financiar los distintos estudios; algunos con fondos de crédito, otros con presupuesto propio y otros con cooperación de multilaterales.

¿Prevén lanzar otros concursos este año?

Estamos planificando poder lanzar dos más. El aeropuerto de Manta es una gran oportunidad, porque la terminal está reconstruida y la recepción definitiva está prevista para mayo.

Este puede ser otro proyecto que se lance a concurso este año, siempre sujeto al estudio, que dirá si es viable, si hay interesados y si requiere aporte del Estado.

El otro proyecto priorizado por el Presidente de la República es el Viaducto Sur de Guayaquil. En este estamos trabajando intensamente, tenemos reuniones semanales con el Ministerio de Transporte para coordinar los avances.

¿Estos proyectos ya tenían algún avance o algunos son iniciativas nuevas?

Son proyectos que debieron haberse hecho hace mucho tiempo. Nosotros hemos tomado esta cartera inicial remitida por el Ministerio de Transporte, por la Autoridad Portuaria de Esmeraldas y por la Dirección General de Aviación Civil.

Estamos iniciando todos los procesos bajo la nueva ley para lograr la adjudicación y firma de esos contratos, que nos permitirá acceder a la inversión.

Esto no implica que no haya nuevos proyectos, numerosas entidades han mostrado interés por desarrollar otras iniciativas.

¿Cuántos contratos de APP estima firmar el Gobierno en su gestión?

Como Secretaría, tenemos los proyectos de infraestructura y servicios públicos que nos remiten los ministerios, pero no somos la única entidad que maneja proyectos con inversión privada.

Hay proyectos que van a seguir manejándose en el Ministerio de Energía, que tiene ley especial, o en el Ministerio de Telecomunicaciones, a través de la Ley de Telecomunicaciones.

La cifra es estrictamente de esta cartera de proyectos. De esta cartera inicial, este año lanzaremos los concursos de dos y hasta el final del Gobierno podríamos adjudicarlos y firmarlos, siempre que los estudios no arrojen dificultades.

Y hay buenas oportunidades de avanzar y lanzar a concurso los otros dos proyectos que mencioné.

El anterior Gobierno lanzó un portafolio de 42 proyectos con un monto de USD 30.000 millones, pero a marzo de 2023 solo uno contaba con el contrato y dos estaban adjudicados. ¿Qué garantías hay de que los nuevos proyectos avanzarán de manera ágil?

A finales de 2023 se aprobó la Ley de Eficiencia Económica, que incorporó las Asociaciones Público-Privadas. Estamos trabajando bajo un marco legal completamente distinto, que le ha dado competencia a la Secretaría de Inversiones Público Privadas para que pueda estructurar los proyectos, lanzar los concursos y adjudicarlos.

Bajo el anterior esquema legal, la Secretaría tenía que promover los proyectos y apoyar la labor de los Ministerios.

Existe un ranking internacional, Infrascopio, que es administrado por los bancos multilaterales, donde se hace un ránking de países en función de que tan amigables son con la inversión privada. Ecuador está de séptimo en la región, pero uno de los aspectos que se califica es si se cuenta con una entidad especializada en desarrollar proyectos público-privados.

Así que estamos muy esperanzados en tener un avance importante en ese ránking.

Somos un equipo de 40 personas, implica que cada funcionario tiene que producir cerca de USD 75 millones en inversiones.

Con la nueva ley y su reglamento, ¿qué diferenciará a los contratos de APP que se firmarán ahora con los que se firmaban antes?

Quiero destacar dos elementos fundamentales que trae la Ley de Inversiones Público-Privadas y su Reglamento. El primero es el ciclo del proyecto. Son cuatro etapas:

  • Planificación y elegibilidad del proyecto.
  • Estructuración.
  • Concurso.
  • Ejecución.

En la etapa de estructuración, la ley obliga a analizar el proyecto y elaborar matrices de riesgo, donde se identifican las amenazas y se determinan medidas para mitigar o reducir los riesgos.

El segundo elemento es que la ley está diseñada para que los proyectos sean bancarizables, es decir, que pueda venir un banco nacional o internacional e invertir sus capitales en el proyecto. La ley tiene mecanismos para proteger la inversión privada y del banco, que es el que más arriesga.

Ahora los bancos, que probablemente sean multilaterales, tienen un marco legal que les brinda seguridad jurídica para que puedan apostar por estos proyectos de inversión público-privadas. El desafío es ser suficientemente atractivos como país para que los capitales privados estén dispuestos a arriesgar por nosotros.

¿Ya fue creado el Registro Nacional APP que establece el reglamento de ley?

Con la Ley y el reglamento en vigencia, el siguiente paso es que en los próximos días el Presidente designe a su delegado para presidir el Comité de Asociaciones Público Privadas, con quien vamos a organizar el primer Comité, que va a inaugurar el registro de proyectos.

Vamos a trabajar con una plataforma que se llama ‘Source’, creada por Naciones Unidas junto con la banca multilateral, para hacer pública la información de los proyectos. Con esa información, la banca podrá evaluar qué proyectos puede financiar.

Fuente: Primicias