A las 5 de la tarde, empezará a dibujarse el futuro político del país y, sobre todo, se sabrá si la apuesta que el presidente Noboa ha hecho de buena parte de su capital político, le rinde frutos. A partir de esa hora, el sitio web del CNE empezará a procesar los resultados oficiales.
Diez días antes de la consulta popular 2024 se estimaba que la popularidad de Noboa, aún en un cómodo 67% según varias encuestadores, se endosaría hacia las once preguntas de la consulta popular y referéndum constitucional de este 2024. Sin embargo, los sorpresivos cortes de energía eléctrica que asolan al Ecuador desde el lunes inmediatamente anterior a las votaciones, podrían socavar la aceptación de varias de las preguntas propuestas por Noboa.
Noboa reaccionó con virulencia ante los racionamientos: no solo le pidió la renuncia a su ministra de energía, Andrea Arrobo, sino que la denunció por paralización de servicios públicos y traición a la Patria. Según Noboa, Arrobo —y cerca de una veintena de funcionarios— ocultaron maliciosamente información crítica sobre el estado del sistema eléctrico del país. El gobierno aduce que el propósito de ese ocultamiento era sabotear la consulta popular.
Las preguntas de la consulta popular y el referéndum constitucional buscan, en su mayoría, dar mayores poderes al Estado para combatir al crimen organizado. Entre ellas, por ejemplo, se propone la entrega de delincuentes ecuatorianos a otros países. Actualmente, la Constitución del país prohíbe que los ecuatorianos sean extraditados en cualquier circunstancia.
Hay dos preguntas alejadas de la coyuntura de seguridad, que son sobre la aplicación del arbitraje internacional para disputas comerciales entre el Ecuador y empresas extranjeras y el retorno de la contratación de trabajo por horas, en un país en el que siete de cada diez ecuatorianos en edad de trabajar, no tiene un empleo formal.
Qué pasará tras las victoria del SÍ en 9 preguntas y del NO en 2
Con los resultados de la consulta popular 2024, esto es lo que sucederá en el Ecuador.
Cinco preguntas del referéndum constitucional
El referéndum constitucional buscaba consultar a los ciudadanos sobre temas de seguridad, abuso de las garantías constitucionales, arbitrajes internacionales y el trabajo por horas, para poder reformar la Constitución.
La primera pregunta del referéndum constitucional, casillero A, que corresponde a una reforma parcial, decía:
¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?
Al aprobarse esta pregunta, según el anexo, debe reformarse el texto del artículo 158 de la Constitución sobre los deberes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además de:
- Agregar una disposición luego de la disposición general segunda de la Constitución
- Añadir dos disposiciones luego de la disposición transitoria primera de la enmienda constitucional publicada en el Registro Oficial 653, del 21 de diciembre del 2015
- Agregar una disposición luego del párrafo de la disposición final única dada por Resolución Legislativa No. O, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 653 de 21 de diciembre de 2015
La segunda pregunta del referéndum constitucional, casillero B, que corresponde a una enmienda constitucional, decía:
Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
Según el anexo, al ser aprobada esta pregunta, debe sustituirse el artículo 79 de la Constitución que dice que “En ningún caso se concederá la extradición” y reformarse el artículo 4 y 5 de la Ley de Extradición.
La tercera pregunta del referéndum constitucional, casillero C, que corresponde a una enmienda constitucional, decía:
¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?
Al aprobarse esta pregunta, según el anexo, se debe enmendarse el artículo 86 de la Constitución que habla sobre las garantías jurisdiccionales, reformarse —sustituirse— los artículos 7, 24, 44, 48, 166, 167, 168 169, y agregarse dos disposiciones transitorias a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La cuarta pregunta del referéndum constitucional, casillero D, que corresponde a una enmienda constitucional, decía:
Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
Esta pregunta no fue aprobada.
La quinta pregunta del referéndum constitucional, casillero E, que corresponde a una enmienda constitucional, decía:
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?
Esta pregunta no fue aprobada.
Seis preguntas de la consulta popular
La consulta popular buscaba consultar a los ciudadanos sobre temas de seguridad y bienes de origen ilícito. Ahora el presidente deberá remitir el proyecto de ley de cada pregunta aprobada en el plazo máximo de 5 días y la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 60 días, deberá debatir y aprobar la reforma de cada pregunta.
La primera pregunta de la consulta popular, casillero F, decía:
¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
En la actualidad, las Fuerzas Armadas tienen ya esta competencia y hacen el control de armas, de acuerdo con la ley que regula las armas, municiones, explosivos y accesorios.
La segunda pregunta, casillero G, decía:
¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
Según el anexo de la pregunta, ahora que fue aprobada, Daniel Noboa tiene el plazo máximo de 5 días, luego de la publicación de los resultados, para remitir el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proyecto de ley debe contener las reformas para cumplir con la pregunta, según el Anexo.
Además, la Asamblea Nacional tendrá el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal.
La tercera pregunta, casillero H, decía:
Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?
Los delitos detallados en el anexo eran: (i) financiación del terrorismo; (ii) reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos; (iii) secuestro extorsivo; (iv) producción illícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; (v) actividad ilícita de recursos mineros; (vi) armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados; (vii) tenencia y porte no autorizado de armas; (viii) extorsión; (ix) revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida funcionario judicial protegido; (x) tráfico de influencias; (xi) oferta de realizar tráfico de influencias; y, (xii) testaferrismo.
Ahora que la pregunta fue aprobada, el presidente Noboa, debe en el plazo máximo de 5 días luego de la publicación de los resultados, remitir el proyecto de ley reformatoria al COIP al igual que en la pregunta anterior. Según el anexo de la pregunta, en este caso los 12 delitos de la reforma, se sumarán a los ya establecidos en los artículos 698 y 699 del COIP. La Asamblea Nacional también tendrá el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal.
La cuarta pregunta de la consulta, casillero I, decía:
¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
Este tipo de delito penal ya existe en los artículos 360 al 362 del COIP. Es decir, no se necesitaba una aprobación ciudadana. Sin embargo, al ganar el sí, según el anexo de la pregunta, Daniel Noboa tendrá el plazo máximo de 5 días luego de la publicación de los resultados, para remitir el proyecto de ley reformatoria al COIP, al igual que en la pregunta anterior. La Asamblea tiene el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma.
La quinta pregunta de la consulta, casillero J, decía:
¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
Según el anexo de la pregunta, al haber sido aprobada, al igual que en las anteriores, el presidente Noboa tiene el plazo máximo de 5 días luego de la publicación de los resultados, para remitir el proyecto de ley reformatoria al COIP. La Asamblea Nacional tiene el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma.
La sexta pregunta de la consulta, casillero K, decía:
¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?
Ahora que fue aprobada la pregunta, según el anexo de la misma, Daniel Noboa tiene el plazo máximo de 5 días luego de la publicación de los resultados para remitir el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que contenga las reformas para cumplir con la pregunta.
Al igual que en las anteriores, la Asamblea tiene el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma.
Fuente: Primicias
