Superada la crisis con Colombia por el bombardeo de las Fuerzas Armadas a un objetivo militar del grupo disidente de las FARC, Comandos de la Frontera, en Sucumbíos, el Gobierno tiene otro frente abierto.
15 organizaciones de derechos humanos denunciaron en la Fiscalía y Defensoría del Pueblo presuntas vulneraciones durante la operación Exterminio Total, que se ejecutó para destruir una zona de descanso y entrenamiento de alias Mono Tole, cabecilla del grupo armado colombiano según las Fuerzas Armadas.
La alianza de organizaciones presentó testimonios de habitantes de la comunidad San Martín, de la parroquia Jambelí, cantón Lago Agrio, como también videos, fotografías de la incursión militar. El representante de la alianza, Ángel González, señaló que la operación en la zona de conflicto ocurrió entre el 1 y 6 de marzo.
Manifestó que, antes del bombardeo del 3 de marzo, uniformados habrían ingresado a destruir dos viviendas abandonadas y requisar a los pobladores.
“E incluyen quema de algunas viviendas, bombardeo de las viviendas y también detención arbitraria y tortura de algunos trabajadores de una finca. Constituyen violaciones de derechos humanos incluso al derecho internacional humanitario”, dijo.
Señaló que cuatro personas habrían sido retenidas y trasladadas con custodia militar a Lago Agrio. “Fueron sometidas nuevamente a tortura y ahí ya a electrocución, a la suspensión de sus cuerpos, y la pregunta que les hacían siempre era dónde están las caletas o dónde están los sitios de los Comandos de Frontera”, manifestó Ángel González.
Ante estas denuncias, la Alianza solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que requiera al Estado ecuatoriano información sobre el bombardeo y que garantice que no continúen.
Las Fuerzas Armadas han negado supuestas violaciones de derechos humanos durante la operación militar en la frontera y aclararon que el ataque fue contra grupos armados organizados y el narcotráfico.
Fuente: Ecuavisa
