Los recientes operativos ejecutados en dependencias de CNEL y Centrosur abren un nuevo frente en la investigación de una presunta red de corrupción vinculada al sistema eléctrico nacional.
Según lo expuesto por el asambleísta Adrián Castro, las diligencias —calificadas como “sin precedentes”— apuntan a una estructura que habría operado durante más de una década manipulando facturación eléctrica mediante accesos internos a los sistemas.
De acuerdo con la información difundida, el esquema consistiría en la reducción o eliminación de deudas a través de refacturaciones irregulares, en algunos casos sin sustento técnico ni reclamos formales. Estas prácticas habrían generado un perjuicio estimado de hasta 300 millones de dólares en los últimos 11 años.
El legislador señaló que al menos 46 funcionarios estarían vinculados a estas acciones, mientras que parte del proceso involucraría el uso de plataformas tecnológicas para alterar registros, dejando rastros digitales que ahora forman parte de la investigación.
En el caso de Cuenca, se aclaró que la participación de Centrosur se limita a la provisión de soporte técnico a través de su infraestructura tecnológica, desde donde se estaría facilitando información clave para las autoridades.
Los allanamientos, ejecutados con participación de Fiscalía, Policía y Fuerzas Armadas, se concentraron principalmente en provincias como Guayas, Santa Elena y Los Ríos, donde se habrían detectado los principales focos de la operación.
El proceso investigativo continúa en curso y no se descarta la vinculación de más personas conforme avance el análisis de los sistemas y registros intervenidos.
