El allanamiento ejecutado en las instalaciones de Centrosur en Cuenca se enmarca en la investigación nacional sobre una presunta red de corrupción que habría operado durante más de una década en CNEL.
Según explicó el presidente de Centrosur, Diego Morales, la intervención no responde a indicios directos contra la empresa cuencana, sino a su rol como administradora del sistema comercial eléctrico a nivel nacional, desde donde se brinda soporte tecnológico a las distribuidoras del país.
La investigación apunta a un esquema de manipulación de facturación en varias unidades de negocio de CNEL —principalmente en Guayas, Los Ríos y Santa Elena—, donde funcionarios habrían reducido valores de consumo eléctrico o eliminado deudas sin justificación. En algunos casos, se registraron rebajas de hasta el 80% del valor facturado.
Morales detalló que uno de los mecanismos consistía en modificar registros dentro del sistema tras la emisión de planillas, mientras que otro involucraba procesos de refacturación sin respaldo técnico. De acuerdo con datos preliminares, más del 40% de estas refacturaciones carecería de sustento documental.
Durante el operativo en Cuenca, las autoridades recopilaron reportes de usuarios del sistema, niveles de acceso y registros de actividad. También se incautaron equipos informáticos como parte de las diligencias. No se reportaron detenciones en la ciudad.
“El llamado ‘cerebro’ no se refiere a personas en Cuenca, sino al centro de datos que concentra la información del sistema comercial”, aclaró Morales, en referencia a declaraciones previas de autoridades del Ejecutivo.
El funcionario enfatizó que Centrosur ha colaborado con la entrega de información requerida y reiteró la apertura de la empresa para que continúen las investigaciones. Además, señaló que los registros del sistema —incluidos historiales de modificaciones y accesos— serán clave para determinar responsabilidades.
El caso, que según autoridades podría haber generado pérdidas millonarias al Estado, continúa en fase investigativa y no se descarta la ampliación de responsabilidades en otras distribuidoras eléctricas del país.
