El informe final del examen especial realizado por la Contraloría al uso de los aviones presidenciales y la realización de vuelos internacionales entre el primero de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017 ratifica el mal uso de recursos públicos en ese lapso.
El informe, aprobado el 7 de marzo, señala que en el periodo examinado los aviones presidenciales Legacy 600 Y Falcon 7X realizaron 261 vuelos internacionales. De ellos, el 29,44% lo usó el entonces presidente, Rafael Correa, y el 70,56% otras autoridades de su Gobierno.
Para la Contraloría, este uso desvirtuó la naturaleza de los aviones, ya que fueron definidos como “aeronaves presidenciales” lo que habría sido inobservado por Correa “lo que no permitió velar por la economía y el uso eficiente de los aviones presidenciales.
En el examen especial se advierte que, si bien el Presidente no fue el custodio de las aeronaves, como máxima autoridad debía velar por la economía y el uso eficiente de los mismos, y que al no hacerlo incumplió con la normativa que rige el sector público.
Detalles de vuelos
También se determinó que 33 vuelos de aviones presidenciales a cargo del Grupo de Transporte Aéreo Especial (GTAE), y 23 vuelos de TAME no contaron con el requerimiento ni con autorización de la Presidencia, por lo que se desconoce si los desplazamientos fueron o no para actividades oficiales.
EL DATO
Un vuelo que se pactó a nombre de Cancillería se dio sin pasajeros. Mientras que dos vuelos presidenciales realizados por Petroecuador, no contaron con los manifiestos de pasajeros de todas sus rutas ni el manifiesto de peso y balance, ni el objetivo del viaje y la autorización. Esos vuelos terminaron costándole al Estado 9’649.761 dólares.
De estos 58 vuelos, 24 se dirigieron a países considerados paraísos fiscales. Algunos no contaron con manifiesto de pasajeros en todas sus rutas. Entre estos países constan: Panamá, Barbados, Trinidad y Tobago, Bahamas, y Belice.
En el desglose de estos viajes se puntualiza que entre 2012 y 2015, el Ministro de Relaciones Exteriores realizó ocho viajes, que incluyeron paraísos fiscales, permaneciendo en ellos entre 45 minutos y 21 horas, desconociéndose el objeto del viaje. Quien se desempeñó como ministro ese lapso fue Ricardo Patiño.
Sin autorizaciones
En general, de esos 24 desplazamientos a paraísos fiscales, 13 no contaron con autorización o requerimiento, ni el objetivo de viaje.
24 de 58 vuelos analizados se hicieron a paraísos fiscales. En otros 15 vuelos presidenciales al exterior se identificaron variaciones en el número de pasajeros que salieron y regresaron a Ecuador, ya que en los países que formaban parte de las rutas hubo embarques y desembarques “desconociéndose en algunos casos las funciones, cargos, y motivos para su embarque en los aviones presidenciales (…). Además, no se evidenció la autorización de la Presidencia”.
Y hubo incluso un vuelo sin pasajeros. “El 22 de junio de 2012, se realizó un vuelo presidencial Legacy a Río de Janeiro, sin pasajeros de ida y vuelta, el mismo que, según la orden de vuelo, fue solicitado para el transporte del Ministro de Relaciones Exteriores, autoridad que no hizo uso del vuelo que costó 32.903,81 de dólares, afectando al presupuesto del Estado”, consta en el informe final de Contraloría. (HCR)
La respuesta del expresidente
° El informe de la Contraloría sobre el uso de aviones presidenciales también recoge la versión del expresidente Rafael Correa, a través de su procurador judicial.
En comunicación del 23 de noviembre de 2018, señala que, como Presidente de la República, no le correspondía estar al tanto de las autorizaciones que debían hacerse para el decolaje de los aviones presidenciales y que en los casos que no registran solicitud de viaje se debería a un error.
Fuente: La Hora
