La Contraloría General del Estado dio a conocer el borrador del examen especial a la utilización de fondos públicos para posicionar mediáticamente los acontecimientos suscitados el 30 de septiembre del 2010 (30-S). El análisis se efectuó entre el 1 de enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2016 e incluyó a la Presidencia de la República y a otras entidades públicas.
Según el borrador del examen, la Presidencia, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, los extintos ministerios coordinadores de la Política y de Seguridad, así como las Carteras de Justicia, Cultura, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Secretaría de Gestión de Riesgos, habrían utilizado USD 1 561 648 en artículos promocionales, pautaje y elaboración de productos comunicacionales relacionados al 30-S.
Solo la Presidencia, según Contraloría, gastó USD 1 032 000. Esos recursos públicos se destinaros a elaboración de spots, cuñas y vallas propagandísticas, sobre un presunto intento de golpe de estado durante la revuelta policial.
La Secretaría Nacional de la Administración Pública, en cambio, suscribió 35 convenios de pago para pautaje en medios de comunicación con mensajes a favor del gobierno y a una supuesta defensa de la democracia, tras el 30-S.
En ambos casos, el mecanismo de contratación fue a través de pagos directos y convenios de pago, lo que generó una obligación de pago inmediata, que para ser cancelada no requirió de las formalidades legales que habrían permitido evidenciar la utilización de las partidas presupuestarias para fines distintos a la misión y objetivos de cada institución.
Por fuera de ese monto, en el borrador también se recoge que la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) financió una plan de comunicación para la Comisión 30-S, creada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, para investigar los hechos de la revuelta policial.
Según el borrador, se suscribieron cuatro contratos para la impresión de folletos, libros, sondeos de opinión para fortalecer la identidad de la Comisión 30 S y también para la organización de la cumbre ‘Cupre: hacia un nuevo periodismo’, orientada a estudiantes universitarios. Esto generó pagos sin el sustento legal, por USD 98 170.
Además no existe constancia que se hayan distribuido los libros y folletos por los que se desembolsaron recursos.
En el borrador también se mencionó que la Fiscalía General del Estado asumió pagos por alimentación en talleres de trabajo con los agentes fiscales que investigaron el 30-S. Y también se desembolsaron recursos para reuniones de trabajo con medios de comunicación, para la presentación del informe de las investigaciones del 30 S. Dichos gastos no están permitidos por la Ley y según Contraloría ocasionaron pagos sin sustento legal por USD 5 763.
