La Contraloría General del Estado dio a conocer el borrador del Examen Especial a la utilización de recursos públicos para la transmisión de la Quinta Convención Nacional del Movimiento Alianza País (AP), efectuada el 1 de octubre del 2016, en el estadio Gonzalo Pozo, al sur de Quito. El evento partidista fue transmitido por la Empresa Medios Públicos EP y por los medios incautados Gama TV y TC Televisión.
El análisis de Contraloría se efectuó entre el 1 y el 31 de julio del 2016. Según el informe, tanto Ecuador TV, Radio Pública, TC Televisión y Gama TV habrían dejado de percibir USD 321 740 más IVA, por transmitir la convención proselitista de AP.
Según Contraloría, en todos los medios analizados no se habrían suscrito contratos que respalden la prestación del servicio, por lo que se «impidió recuperar esos recursos».
En el caso de Ecuador TV, incluso se habría facilitado un sistema de transmisión satelital, un generador eléctrico y otros insumos para la transmisión. Pero esos gastos no habrían sido registrados. Contraloría calcula en USD 10 664 más IVA el monto que dejó de percibir Ecuador TV.
Según los análisis de Contraloría, la transmisión de la convención de AP fue solicitada por gerentes y directores de los medios auditados, y se interrumpió la programación habitual prevista para el 1 de octubre del 2016.
El monto que dejó de recibir Gama TV asciende a USD 90 210, mientras que en TC Televisión alcanza los USD 218 258. En ambos casos, sin tomar en cuenta el IVA.
Xavier Lasso, exgerente editorial de Medios Públicos, cuestionó el análisis de Contraloría y dijo que en el caso de Ecuador TV y Radio Pública se decidió transmitir la convención por «tratarse de un hecho noticioso y de interés nacional».
Yuri Velásquez, exgerente de TC Televisión, también criticó el examen, aduciendo que los paquetes tarifarios que se tomaron en cuenta para hacer el cálculo de cuánto dejaron de percibir los medios de comunicación no se ajusta a la realidad.
Los funcionarios mencionados en el examen tienen 60 días para entregar sus observaciones antes de que la Contraloría emita un informe final con predeterminaciones, que podrían desenlazarse en posibles sanciones administrativas o, incluso, civiles o penales.
