Las barreras físicas y sociales a las que se enfrentan las personas con discapacidad se elevaron durante la crisis; la falta de inclusión en diversas áreas como empleo, movilidad, salud y demás siguen pendientes.
Entre frustraciones vive Anita quien tiene un 45 por ciento de discapacidad auditiva; prefiere quedarse en casa y evitar desesperarse al no poder leer los labios para enterarse de lo que sucede a su alrededor. Esto debido a que la ciudadanía usa mascarilla y para ella es más complicado entender e interactuar, pues son prendas que aunque la protegen, la alejan más de la sociedad.
Dice que no ha salido desde que inició la pandemia, su hermano la acompañaba hasta un sitio donde vendía dulces para poder alimentar a su familia. Ahora, esta tarea es de su madre y su hermano, quienes se dedicaron a realizar trabajos caseros.
El empleo ha sido uno de los factores que más aqueja a las personas con discapacidad. En la parte educativa, Cecilia con 52 por ciento de discapacidad visual dice que antes podía ir a una biblioteca y leer los libros en sistema braille, pero con las limitaciones de la pandemia y sin recurso tecnológico con el que pueda prepararse más, se ocupa en tareas de casa.
Ellos son parte de los 20.609 personas con discapacidad que existen en Cuenca, según los registros del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades.
En Cuenca se creó una Ordenanza de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en enero 2020 y, en uno de sus artículos, el Municipio promociona el uso de la lengua de señas; el sistema Braille; las ayudas técnicas y tecnológicas; y los formatos aumentativos y alternativos de comunicación, tema que aún está pendiente, pues la pandemia obligó a paralizar algunas propuestas, que rigen dentro de esta normativa, propuesta por la concejal Paola Flores.
Según ella, en la normativa, se indica también que en el plazo de 36 meses todas las instalaciones del Municipio de Cuenca deben permitir el fácil acceso a las personas con discapacidad.
Ubicar rampas o ascensores para que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios del gobierno local, también se implementarán medidas para la accesibilidad en vehículos, entre otras determinaciones, que siguen pendientes debido a la dura crisis sanitaria.
Acciones
Karen Astudillo, activista por los derechos de las personas con discapacidad, indica que a más de la falta de acceso a empleo, educación y otros también tienen problemas en el acceso a servicios de salud: “Sobre todo por lo reciente, sobre los carnés, algunas familias tienen que pasar horas, días, para obtener un carné para un familiar que tiene discapacidad, y porque son trámites engorrosos, no continúan con el proceso”.
Estima que entre un 60 por ciento de las personas con discapacidad no lo ha hecho. Considera que el tema ha desatado además una discriminación y los miembros de este sector exigen respeto.
Ahora las asociaciones de personas con discapacidad a nivel nacional proponen una veeduría que participe en un proceso de auditoría de los carnés de discapacidad, entre otras acciones.
Fuente: El Tiempo
