El juez Ángel Mestanza aceptó una acción de protección para que diversas instituciones del Estado adopten “medidas necesarias para eliminar la sobrepoblación carcelaria” que asciende al 30% en el país. La información la difundieron este martes 9 de marzo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica (CDH-PUCE) y la Fundación Regional de Asesoría en DD.HH. (Inredh).
Para determinar el número de personas privadas de la libertad que podrán mantenerse en el sistema, el juez resolvió que se tendrá en cuenta:
a) La capacidad instalada en los centros de rehabilitación social del país.
b) El número de guías penitenciarios disponibles de acuerdo con las normas internacionales, en cada centro carcelario.
c) El estricto cumplimiento de las normas de distanciamiento social ordenadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, en donde están incluidas las personas privadas de libertad, consideradas vulnerables, a fin de evitar contagios del COVID.
Según Inredh y CDH-PUCE, el juez dispuso el 5 de marzo último que el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, convoque al Directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación para que, en cinco días, con la participación directa de la Defensoría del Pueblo y las demás instituciones estatales demandadas adopten las medidas necesarias para “eliminar la sobrepoblación carcelaria del país”.
Esta figura constitucional fue presentada en contra del Jefe de Estado, la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado (FGE); la Secretaría Nacional de Planificación “Planifica Ecuador” y la Procuraduría General del Estado.
Con la medida, se busca que el juez declare la violación de los derechos, como el acceso a la justicia, la rehabilitación social, vida, integridad personal, no discriminación y salud de las personas privadas de su libertad dentro de los centros penitenciarios y rehabilitación social en el Ecuador “por la falta de una política nacional integral de política penal y de rehabilitación social”.
En la demanda, ambas instituciones de DD.HH. señalaron la “violencia sistemática que ha cobrado la vida de 247 personas privadas de libertad (PPL) desde el año 2010”. Es este número, 79 fallecieron el 23 de febrero de 2021.
Respecto a la ejecución de estas medidas, el juez dictaminó que se deberá contar con la participación de las organizaciones demandantes, de los decanos o delegados de las facultades de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que conozcan sobre temas de carácter penitenciario; y también del Defensor del Pueblo.
Para la CDH-PUCE e Inredh, es “imperante” que el Estado se responsabilice por la crisis carcelaria que se vive en el país y que se establezca una comisión permanente de revisión y análisis del sistema ecuatoriano, en la que obtenga, a mediano y largo plazo, reformas integrales a la seguridad, crimen y la rehabilitación, con propuestas de un uso racional del sistema penal y una de sistema de rehabilitación social adecuado.
Además, el juez Mestanza convocó a las instituciones accionadas a una audiencia pública para el jueves 11 de marzo de 2021, a las 14:00, en la Unidad Judicial Penal de Quitumbe en el sur de Quito para decidir sobre esta acción de protección.
Fuente: El Comercio
