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Lenín Moreno deja al país con insuficiente logística de salud

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Antes de la llegada del COVID-19 ya era difícil acceder a un espacio en un hospital público. Para finales del 2019, había apenas 14 camas por cada 100.000 habitantes en Ecuador, una cifra baja en comparación con los demás países de la región. Está muy lejos de las casi 50 camas que registró Argentina o de las 24 que registró Uruguay en 2018, según los datos más actualizados recogidos por el Banco Mundial.

Ese bajo nivel de camas hospitalarias en Ecuador no era nuevo. Desde finales de los noventa, ese índice ha variado entre las 14 y las 16 camas, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC).

A pesar de ello, Lenín Moreno Garcés no consideraba que la infraestructura hospitalaria significara un problema para el país, cuando aún era candidato para la Presidencia de la República, en 2017. En su plan de gobierno dejó sentado que eso ya había sido resuelto por su antecesor, Rafael Correa.

“Los avances en el área de salud son notables”, consta en ese documento. Resalta que la infraestructura era excelente y que se había logrado una distribución más equitativa del personal de salud en el territorio nacional. Lo que faltaba, añade, era trabajar en la promoción y la prevención.

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Sin embargo, durante el gobierno de Moreno no se implementó ningún programa visible de salud, comenta Esteban Ortiz Prado, docente investigador de la Universidad de Las Américas (UDLA). No hubo planes de vacunación, o de combate a la mortalidad infantil y materna, o contra el tabaquismo. “Este gobierno empeoró o mantuvo igual muchas de las cosas que no han cambiado históricamente”, concluye el especialista.

Además, las obras sanitarias escasearon en el mandato de Moreno. Inauguró el Hospital del IESS Quito Sur en diciembre del 2017, un proyecto que se inició en el mandato anterior, y dejó inconclusas dos obras importantes: el Hospital Napoleón Dávila Córdova (de Chone) y el Hospital de Pedernales, ambas entregadas a la empresa china CAMC Engineering.

Ecuador invirtió en salud el 8,3% de su producto interno bruto (PIB) en 2017 y el 8,1% en 2018. Esta cifra, la más actualizada por el Banco Mundial, colocó al país en el quinto puesto de Sudamérica. El primero fue Argentina con el 9,6%; y el último Venezuela con el 3,6%.

La cantidad de médicos por cada 100.000 habitantes subió escasamente, de 205 en 2016 a 234 en 2018. Es la última cifra disponible, pero desde entonces ha habido algunos cambios. A finales del 2019, el Gobierno terminó el convenio que tenía con médicos cubanos que trabajaban en el país y, a inicios del 2020, recortó el personal sanitario en los hospitales. Luego, la Ley Humanitaria habilitó que muchos profesionales de la salud sean contratados con nombramiento.

Por otra parte, la tasa de muertes dentro de los hospitales se redujo. En 2016 se registraban 17,1 decesos por cada 1.000 egresos hospitalarios. Para el 2019, la cifra bajó a 16,4.

Hospitales saturados

Lo que no cambió fue la cantidad de camas hospitalarias per cápita. Las camas aumentaron, pero en la misma proporción que la población. Moreno recibió un país con 14 camas por cada 100.000 habitantes y la cifra no varió hasta finales del 2019.

El médico Miguel Crespo Íñiguez, que en esa época trabajaba en la sala de emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín, de Quito, recuerda que la ocupación ahí se mantenía siempre al límite, con el 90% de las camas ocupadas, algo que contradice las normas internacionales, pues según este especialista esa cifra no debería superar el 75%.

Las saturación la atestiguaban solo los médicos y los pacientes que llegaban a esa casa de salud, pero cuando llegó el COVID-19 la insuficiente infraestructura sanitaria se hizo evidente para todos. En varias ocasiones, el sistema de salud del país ha colapsado frente a la afluencia de pacientes con COVID-19.

Si bien en el mandato de Moreno las unidades de cuidados intensivos (UCI) se incrementaron año a año, esto no pudo contener la pandemia. De acuerdo con el INEC, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) disponían de 316 UCI en 2016 y la cifra ascendió a 710 en 2019. Ahora, ambas instituciones cuentan con 1.069 UCI, informó hace dos semanas la Presidencia de la República a EL UNIVERSO.

Sin embargo, se desconoce cuántas UCI hay en total en todo el país y en qué ciudades están instaladas. Esa falta de información es, para la epidemióloga Andrea Gómez Ayora, una de las fallas cometidas por el Gobierno en el tratamiento de la pandemia.

“La mayor debilidad en toda la pandemia ha sido la falta de comunicación de riesgo a la población”, señala Gómez. No se le ha dicho, por ejemplo, qué probabilidad de contagio hay en cada cantón ni se ha mostrado una curva epidemiológica que permita identificar en qué fase de la pandemia estamos.

Otro error, apunta la especialista, es la baja capacidad para diagnosticar coronavirus. La cantidad de pruebas PCR que se analizan en Ecuador es muy baja. Es el país de la región que ha realizado menos exámenes per cápita.

El desfile de ministros

Las fallas en el control de la pandemia, sobre todo en la vacunación, desataron varios cambios en la dirección del MSP. Dos ministros estuvieron al frente de esa cartera apenas dos semanas. Moreno designó a seis ministros de Salud en todo su mandato. La primera fue Verónica Espinosa Serrano, quien cumplía ese cargo desde el gobierno anterior. A ella le sucedió Catalina Andramuño Zeballos, quien enfrentó la primera gran ola de la pandemia.

Luego vino Juan Carlos Zevallos López, quien renunció en marzo del 2021 en medio del escándalo de los vacunados VIP. De hecho, la Asamblea Nacional lo censuró por incumplir funciones en la crisis sanitaria. Tomaron la posta Rodolfo Farfán Jaime y Mauro Falconí García, quienes estuvieron en el cargo por periodos muy cortos, hasta que hace un mes ocupó se posesionó el actual ministro, Camilo Salinas Ochoa.

Al inicio, el objetivo del Gobierno era vacunar a 2′000.000 de personas al finalizar el periodo. Luego matizó el discurso y empezó a hablar de 2′000.000 de dosis, pero eso tampoco lo logrará. El ministro Camilo Salinas ya anticipó que se llegará máximo a las 1′800.000 dosis.

La desnutrición infantil

La pandemia tendrá múltiples efectos negativos y uno de ellos se reflejará en la desnutrición infantil, que es un problema muy serio en Ecuador, apunta la doctora Angélica Tutasi Lozada.

La última encuesta de nutrición se hizo en 2018. El estudio, realizado por el INEC, reveló que el 23% de los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica. Es decir, casi uno de cada cuatro. Esto nos ubicó como el segundo país de Latinoamérica con mayor desnutrición, solo por debajo de Guatemala y casi a la par de Nicaragua, Honduras y Haití.

No es que el problema se haya agudizado en este gobierno saliente. La encuesta anterior, realizada en 2014, reflejó un 23,9% de desnutrición crónica infantil. Es decir que con el gobierno de Moreno este problema se mantuvo en los mismos niveles.

Tutasi explica que la desnutrición infantil más que un indicador de salud es de desarrollo, pues en él convergen varias realidades, como el acceso a servicios básicos, a vivienda digna y a educación. También influyen el embarazo adolescente, el número de hijos por familia y el desempleo de los padres. “Si no se cubren estas falencias estructurales, es imposible que existan cambios”, afirma.

Para prevenir la desnutrición, añade Tutasi, hay que acompañar el desenvolvimiento del niño desde el vientre hasta los dos años. Son claves los controles prenatales y de niños sanos, y la vacunación.

Estas atenciones se debilitaron durante la pandemia, advierte la especialista. Por la cuarentena y la precaución de evitar lugares de alto riesgo para el contagio del COVID-19, tanto la vacunación como los controles prenatales y de niños sanos disminuyeron. Además, en enero y abril pasados hubo escasez de vacunas pentavalentes.

Moreno sí incluyó una oferta para mejorar la nutrición en su plan de gobierno. Decía que era necesario cambiar la canasta básica y la canasta vital, pues estas replicaban malos hábitos de consumo, que dan lugar a la obesidad y la desnutrición. La idea era crear canastas territoriales que respondan a las necesidades de cada población, considerando micronutrientes y las fuentes locales de alimentación. Esto no se cumplió.

Fuente: El Universo