Con 128 legisladores, este 3 de febrero, la Asamblea Nacional reinstaló la sesión 758 para iniciar el segundo debate del proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.
Paralelamente, grupos provida y proaborto protagonizaron plantones en los exteriores del Palacio Legislativo y activaron campañas en redes sociales para presentar sus posiciones frente a este proyecto de ley que surgió tras el dictamen de la Corte Constitucional en abril de 2021, que despenalizó el aborto por violación en Ecuador.
Legisladores vistieron prendas verdes y otros blancas con frases alusivas al tema en discusión. Este debate se inició sin posiciones consolidadas en las cinco fuerzas políticas que actúan en el Parlamento, cuatro de ellas resolvieron liberar de la disciplina partidista a sus asambleístas para el debate y votación de este proyecto.
El debate arrancó con la ponencia de la legisladora Johanna Moreira (ID), integrante de la Comisión de Justicia, quien sostuvo que la temporalidad no debe ser fijada desde un criterio personal, sino desde la realidad ecuatoriana, del sistema de salud, de la realidad de la ruralidad, de aquellas mujeres que viven en lugares alejados.
Afirmó que de acuerdo con las cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en el país anualmente 255 niñas son violadas y dan a luz; por eso, dijo que el informe de mayoría que ella defiende se ha considerado una diferenciación de plazos que van de las 22 semanas de gestación para niñas menores de 18 años y hasta de 20 semanas de gestación para mujeres mayores de edad, sin que esto sea discriminatorio, sino más bien de acuerdo con la necesidad de atención prioritaria.
Por favor, dijo Moreira, la ley no debe contener un plazo menor a las 22 semanas de gestación, las niñas desconocen que están embarazadas, más aún las niñas de escasos recursos que viven una realidad distinta y muchas veces rodeadas por su agresor.
La segunda legisladora en intervenir fue Nathalie Arias (CREO), quien pidió un punto de información para aclarar a la sala que el aborto en caso de violación es una excepción, no un derecho.
La representante de UNES en el exterior, Esther Cuesta, sostuvo que la Corte Constitucional fue clara al establecer que para las niñas menores de 14 años de edad no debe imponerse requisito alguno para facilitar la interrupción voluntaria del embarazo por violación. En el caso de mujeres mayores de 14 años, la Corte establece la incorporación de requisitos, pero esos requisitos no deben ser revictimizantes y no deben generar cargas desproporcionadas a las mujeres. En consecuencia, este proceso debe ser reparador, dijo.
Que en Ecuador, añadió, la violación sexual es una realidad diaria en espacios públicos, privados y en el espacio familiar, y que según datos de la política intersectorial de prevención de embarazo en niñas y adolescentes y el Ministerio de Salud, alrededor de siete niñas de 9 a 14 años de edad y 25 adolescentes de 14 a 19 años de edad paren a diario en el país, lo que nos coloca en el tercer país en la región con la tasa más alta de niñas y adolescentes embarazadas. Afirmó que según el Ministerio de Salud, más de 3.000 niñas son madres al año, la mayoría de estos casos de embarazos son producto de violación.
Geraldine Weber (PSC) se proclamó defensora de la vida y empezó señalando que lo único que debe ser abortado es este proyecto de ley mal concebido. Que esta ley debe ser archivada, planteó.
Dijo que la ley discrimina, no repara a la víctima y pone la mirada en un inocente. Recordó que el delito es la violación y que en el texto no se incluye la denuncia en contra del violador. Hay que meter presos a los violadores y no sacar a una criatura inocente, acaso el hijo de un violador no tiene derecho a vivir, preguntó.
Sofía Sánchez de Pachakutik manifestó que la Asamblea está tarde para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional. Indicó que los dos informes de mayoría y minoría llevan a extremos, y lo que debe primar son los derechos humanos de las víctimas.
Que el tema de la temporalidad debe llevar a un debate de altura y basarse en criterios técnicos. Que está de acuerdo con la diferenciación de edades para la interrupción del embarazo en caso de violación y apeló a la sala a encontrar un equilibrio.
Hasta el mediodía continuaba el debate en la legislatura, y según anticiparon algunos legisladores se pedirá al menos ocho días para presentar el texto final para votación, una vez que terminen las ponencias de los asambleístas este 3 de febrero.
Fuente: El Universo
