El excontralor Carlos Pólit fue detenido en Estados Unidos, según información del Departamento de Justicia de ese país.
La Fiscalía informó, este martes 29 de marzo del 2022, que el exfuncionario será será procesado en el distrito de Florida, por el presunto delito de lavado de activos.
Polit también es requerido por la justicia ecuatoriana. En diciembre del 2020, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó su sentencia de seis años de cárcel por el delito de concusión.
Durante el proceso de investigación, la Fiscalía explicó que el excontralor habría exigido a la empresa brasileña Odebrecht un total de USD 10,1 millones.
Según las pesquisas, USD 6 millones los había pedido a cambio de desvanecer glosas en contra de la constructora (cuyo valor estimado es de USD 70,7 millones) y USD 4,1 millones por la emisión de informes favorables de la Contraloría en cinco proyectos estratégicos en los que participaba la empresa brasileña en Ecuador.
Entre esos proyectos está la Hidroeléctrica San Francisco, el Poliducto Pascuales-Cuenca, Refinería del Pacifico, Acueducto La Esperanza, Hidroeléctrica Manduriacu y el trasvase Daule Vinces.
La Fiscalía de Ecuador indicó, a través de sus redes sociales, que el excontralor habría utilizado el sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero proveniente de los sobornos que exigió a Odebrecht, entre el 2010 y 2017.
“El exfuncionario ecuatoriano está acusado de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales, tres cargos de encubrimiento de blanqueo de capitales y dos cargos de participación de transacciones de bienes derivados de actividades delictivas”, explicó la entidad investigadora.
Carlos Polit fue detenido el lunes (28 de marzo del 2022) y actualmente se encuentra en un centro de detención federal.
El medio de comunicación estadounidense El Nuevo Herald, indicó que los fiscales del caso, Michael Berger y Alex Kramer, están abiertos a la posibilidad de que se le otorgue libertad bajo fianza.
De hecho, la defensa de Polit indicó que se trabaja en un paquete de fianza que pueda ser aceptable para la Fiscalía estadounidense.
Según medios locales estadounidenses, el viernes 1 de abril del 2022 está convocada una audiencia para que una jueza de Miami analice la posibilidad de otorgar libertad bajo fianza mientras se desarrolla el proceso judicial.
Procesos judiciales en Ecuador
Además de la sentencia en firme de seis años como autor del delito de concusión, Carlos Polit está llamado a juicio por asociación ilícita en el caso Odebrecht. En esa causa ya fue sentenciado el exvicepresidente Jorge Glas.
Sin embargo, para Polit, ese llamamiento a juicio está suspendido, pues él se encontraba prófugo del país. La asociación ilícita es un delito que no puede ser juzgado en ausencia.
Así lo establece el numeral 14 del artículo 563 del Código Penal. “Si la persona procesada está prófuga, después de resuelta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, la o el juzgador suspenderá la iniciación de la etapa de juicio hasta que el procesado sea detenido o se presente físicamente de manera voluntaria”.
El penalista Mauricio Pacheco indicó que las autoridades ecuatorianas sí pueden gestionar la extradición de Polit, para que cumpla su sentencia por el delito de concusión. Pero el jurista sostiene que ese proceso se podrá realizar cuando culmine el proceso judicial en Estados Unidos.
El experto en derecho penal, Wilson Velastegui, también coincide con ese criterio. El abogado señaló que el excontralor sí puede ser extraditado, pues el delito de concusión jamás prescribe, según la normativa penal ecuatoriana.
Además, dijo que el juicio que podría enfrentar en Estados Unidos es independiente al que debe cumplir en Ecuador.
El 9 de diciembre del 2020 fue cuando un Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia confirmó la sentencia de seis años de prisión en contra del excontralor. Su hijo Jhon Pólit también estaba sentenciado a tres años de prisión, pero en esta audiencia fue declarado inocente.
El fallo de la Corte Nacional de ese entonces también modificó el monto de la reparación al Estado fijado en USD 40 millones, que debía ser cubiertos por los dos condenados.
Fuente: El Comercio
