La asambleísta Gisela Molina, de Pachakutik, pidió a la Fiscalía que investigue un supuesto atentado en su contra. Esto, tras sufrir un accidente de tránsito en Cotopaxi, mientras se trasladaba de su domicilio en el cantón La Maná hacia Quito.
Desde entonces, ella porta un cuello ortopédico y evidenció dolor mientras daba declaraciones a la prensa este martes 12 de julio de 2022. Agregó que algunos de sus colaboradores también resultaron heridos y requirieron de cirugías por contusiones.
Víctima de amedrentamiento
Molina señaló que este hecho se produjo cinco días después de que votó en contra del pedido de destitución al presidente Guillermo Lasso, que fue mocionado por Unes y que tuvo el respaldo de legisladores del ala radical del movimiento indígena y disidentes de la Izquierda Democrática.
La legisladora informó que antes de esa votación fue víctima de amedrentamiento para que vote por la destitución. De eso responsabilizó al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, y a una legisladora alterna de Peter Calo, legislador de los autodenominados rebeldes de Pachakutik.
“Tengo documentación y evidencias de quienes han estado a cargo de esto, desde siempre, no desde ahora con las presiones. Es el señor Leonidas Iza y su grupo de poder, que se siente muy poderoso y hoy más que nunca ya no les importa ni siquiera respetar la vida de los demás”, dijo.
Molina dijo que, cuatro días después del siniestro de tránsito, recibió un oficio del movimiento indígena de Cotopaxi, que auspicia a Iza, para que asuma los daños del vehículo, en lugar de solidaridad. Aseguró que desconoce el paradero del vehículo, pues tampoco lo tiene la Policía.
“Yo seguía pensando que era un accidente, hasta que cuatro días después llega un documento del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, donde se me imputa directamente a mí para que me acerque a arreglar daños económicos (…). Ese día que me llegó ese documento dejé de creer en la ingenuidad y dejé de pensar que esto era una casualidad”, manifestó.
Reacciones
Mario Ruiz, de los autodenominados rebeldes de Pachakutik, señaló que Molina es parte del acuerdo con el Gobierno y que lo ocurrido tendrá que ser investigado por la Fiscalía, “no vaya a ser que sea un autoatentado para culpar a los dirigentes nacionales”. Calo no acudió al Pleno.
El coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, manifestó que este hecho debe ser aclarado por la Fiscalía. “Esto no se puede quedar así. Los organismos pertinentes tienen que hacer la investigación correspondiente y tiene que esclarecerse. Ojalá haya sido un accidente fortuito, esperemos que no haya detrás otras cosas”, apuntó.
Los asambleístas del oficialismo Blanca Sacancela y Patricio Cervantes se solidarizaron con Molina y demandaron que la Fiscalía investigue las amenazas de las que también fueron objeto, durante dicha votación.
Fuente: El Comercio
