Ante los jueces de la Corte Constitucional (CC), el viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, aseguró que la propuesta del Gobierno de eliminar los intereses de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por concepto del aporte del 40 % a las pensiones de jubilados, “no afecta” los derechos de la entidad.
El planteamiento consta en el Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, que fue suscrito por el presidente Guillermo Lasso, el 5 de septiembre, y ahora es analizado en la Corte, para determinar si el contenido de la norma cumple con parámetros constitucionales y es urgente.
Lemus compareció ante la CC la mañana del martes 26 de septiembre, durante la audiencia pública que se realizó de manera telemática.
“No se está afectando para nada los derechos de la Seguridad Social. No logro comprender por qué se deberían afectar, si esos están establecidos por ley. Estos intereses no son recursos que se estén transfiriendo a la Seguridad Social ni se encuentran registrados en alguna parte”, respondió el funcionario a la pregunta de uno de los jueces.
El viceministro dijo que la ley vigente no establece con claridad cómo deben ser calculados los intereses. “Dan unos parámetros generales ahí, pero no dice desde cuándo”, apuntó.
Explicó que los valores por el aporte estatal del 40 % no se pagan a fin de mes, sino hasta mes y medio después, porque existe un proceso de validación de información.
“¿Cuándo me cobras los intereses, desde el día 1 o desde el momento que ya está validada la información? Se habla acerca de los rendimientos que debe tener, pero cuánto es ese rendimiento y qué debe ser considerado; (la norma) no dice nada”, insistió Lemus.
Además, indicó que el monto total de la deuda del Estado aún no está definida. Que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja con el IESS para determinar ese valor. Dijo que en el MEF no existe un cálculo o validación de los intereses; en tanto que el IESS señala que los intereses rondan los $ 1.080 millones y la deuda se aproxima a los $ 3.000 millones.
Lemus manifestó que la pretensión del Gobierno con la propuesta “es desbloquear aquellas formas en las cuales pueda transferir recursos al IESS. Eso es lo urgente en este momento”, recalcó a los jueces.
En cuanto a otra propuesta para que el Estado contribuya con el 33,33 % al fondo solidario tripartito del IESS, para el tratamiento de enfermedades catastróficas, el viceministro de Finanzas recalcó en este tema la normativa vigente tampoco especifica cómo se deben hacer las transferencias.
Miriam del Carmen Toro, procuradora del IESS, también compareció en la audiencia. Señaló que el decreto ley tiene “incompatibilidades con normas constitucionales”. Detalló que el no pago del Estado ha provocado una descapitalización de la Seguridad Social, ha impedido que se puedan hacer inversiones, afectando a los fondos, reservas y financiamiento de las prestaciones del IESS.
La procuradora indicó que la deuda total está contabilizada y asciende a $ 3.000 millones, mientras que los intereses por concepto de la contribución del 40 % suman $ 1.129 millones.
Presupuestos de salud y educación
Otra de las propuestas del decreto ley es modificar la fórmula de cálculo para el incremento de las asignaciones presupuestarias a los sectores de educación y salud, para basarse en el presupuesto devengado.
La Constitución determina que cada año los presupuestos para salud y educación deben aumentar en un monto equivalente al 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Los incrementos deben realizarse hasta que lleguen al 6 % del PIB, en el caso del sector de educación, y al 4 % del PIB, en salud.
Respecto de la medida contenida en el decreto ley, el viceministro de Finanzas afirmó que no se pretende incumplir con la Constitución, ya que los incrementos continuarán, sino que la intención es que “el cálculo sea en función del devengado, es decir, de la real capacidad que tuvo el Estado ecuatoriano para financiar todos los gastos, incluidos los de salud y educación”.
No obstante, reconoció que los valores calculados podrían resultar menores o reducirse “en caso de alguna crisis económica”, y no se consiga el financiamiento necesario para cubrir los gastos.
“El único caso en el que este número podría ser menor, o podría reducirse, respecto a lo que se espera es si efectivamente no hubo el financiamiento para poder concretar ese gasto que está ahí. Y esas son situaciones que pueden pasar, en el caso que tenga alguna crisis económica, shock externo o el crecimiento de la economía no vaya al ritmo esperado”, advirtió Daniel Lemus.
A las inmediaciones de la Corte Constitucional, en Quito, llegaron integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), sindicatos de trabajadores y grupos de jubilados para manifestarse en rechazo del decreto ley. Hubo marchas también en Guayas, Azuay y Santo Domingo.
Exigieron a los jueces constitucionales que no permitan la implementación de las reformas, ya que causaría un perjuicio aproximado de $ 1.000 millones al sector educativo, afectaría a la salud pública y ahondaría la crisis de la Seguridad Social.
Isabel Vargas, presidenta de la UNE, recordó que una resolución de la Corte, del año 2021, establece que la Ley Orgánica de Educación es totalmente constitucional y el artículo 20 dice que “el presupuesto para educación es progresivo e irreductible y si no se ejecuta todo el presupuesto este se sumará el nuevo presupuesto del próximo año”. “Pedimos coherencia a los nueve jueces. Aquí estamos vigilantes”, expresó la dirigente.
Fuente: El Universo
