En una entrevista con radio La Voz del Tomebamba, el asambleísta por el Azuay, Gerardo Machado, denunció una serie de irregularidades en el contrato y la operación de la nueva termoeléctrica El Descanso, construida a pocos metros de la antigua planta que, según informes técnicos, presentaba riesgo de inundaciones y hundimientos.
Machado explicó que el 30 de julio de 2025 solicitó información oficial al gerente de Elecaustro, Marco Antonio Toledo, sobre los costos de construcción, el estado técnico de la obra y las razones para levantar una nueva planta en un área previamente cuestionada. Sin embargo, aseguró que hasta la fecha no ha recibido respuesta formal, pese a que desde la empresa se afirmó públicamente que sí se envió un informe.
Según el legislador, la nueva planta fue levantada “en un parqueadero relleno”, donde el peso de 13 turbinas podría generar riesgos estructurales. Además, recordó que un informe de auditoría del 2024 advertía posibles inundaciones en un periodo de entre uno y cuatro años.
Machado también denunció altos niveles de contaminación durante su visita al sitio: “Solo dos turbinas estaban encendidas y la contaminación era brutal”, afirmó.
Aunque Elecaustro sostiene que el contrato es de 18,5 millones dólares —y no de 30, como inicialmente se señaló— y que la planta opera bajo un esquema de respaldo estratégico para el sistema eléctrico, Machado asegura que la termoeléctrica aún no funciona plenamente, pese a haber sido inaugurada en julio con presencia del presidente de la República.
“Le hicieron meter la pata al Presidente trayéndolo a inaugurar algo que no estaba funcionando”, dijo.
El asambleísta también cuestionó la falta de planificación energética en el país tras la eliminación del Ministerio de Energía, así como el costo triplicado del kilovatio respecto a la antigua planta, que generaba energía a 4 centavos.
Además, mostró preocupación por posibles litigios internacionales y por la negativa de la Asamblea a permitir la comparecencia de la ministra del ramo para explicar varios temas pendientes, incluidos los cobros en planillas eléctricas y el precio del gas.
Machado concluyó que pedirá que se transparente el estado real de las turbinas, sus años de fabricación y las garantías del contrato, para evitar que se repita un caso similar al de la empresa Progen.
