Autoridades de Asamblea debaten pedido de juicio político contra Guillermo Lasso

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El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), de mayoría opositora, se instaló esta tarde para conocer y resolver sobre el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

La sesión arrancó a las 15:20 en modalidad presencial y de manera pública con la presencia de medios de comunicación.

Antes de que la reunión comenzara, la oficialista Nathalie Arias y Johana Moreira (ID), vocales de minoría en el CAL, marcaron distancias con el informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que recomendó que la solicitud sea calificada.

«No es vinculante (el informe). Nos toca a nosotros como asambleístas miembros del CAL evaluar ya el informe y lo debatiremos», apuntó Darwin Pereira (PK), segundo vicepresidente de la Asamblea.

La delegada del oficialismo enfatizó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no contempla que el CAL requiera un informe a la UTL para este caso. Por ello, dijo, se abstuvo de apoyar la moción el viernes pasado, cuando se debía tomar una resolución inicialmente.

Por su lado, la delegada de la Izquierda Democrática (ID) consideró que el CAL debería devolver la solicitud a los proponentes para que la completen, tras los errores de forma detectados en el texto.

Sin embargo, el primer vocal del CAL, Esteban Torres (PSC), quien forma parte de la mayoría opositora en el CAL junto a dos delegados del correísmo y el presidente, Virgilio Saquicela (ind.), consideró que los errores se corrigieron con un alcance denominado «lapsus calami».

En su momento, Saquicela manifestó que al CAL le corresponderá «la formalidad de la solicitud de juicio político, no el fondo del asunto».

El legislador explicó, por ejemplo, que se deberá verificar que la solicitud reúna, al menos, las 46 firmas que se requieren, a la vez que sus anexos cumplan con los reglamentos para el trámite. Así también que contenga el anuncio de pruebas y que se singularicen las causales.

El pedido fue presentado con 59 firmas de respaldo el jueves pasado por los asambleístas Viviana Veloz (Unes), Pedro Zapata (Psc), Rodrigo Fajardo, de una facción de la ID y Mireya Pazmiño, separada de la bancada de Pachakutik y afin al presidente de la Conaie.

Una vez que la solicitud sea calificada por el CAL, el expediente irá a la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad. Si es favorable, esta causa deberá ser sustanciado por la Comisión de Fiscalización, caso contrario se archivará.

De acuerdo con la Ley de Garantías Constitucionales, la Corte tiene un plazo de seis días para pronunciarse, una vez que reciba la solicitud.

Fuente: El Comercio